En las últimas horas la Justicia Federal pidió la intervención de la Uncaus y procesó a Omar Judis, su hijo, Enzo Judis; el vicerrector, Walter López; y Luis Esteban Pugacz, todos por los mismos delitos que los atribuidos al rector Judis, aunque en carácter de coautores, y que está relacionado con el desvío de fondos públicos.
La investigación había iniciado en 2017, y ahora el Juez Federal subrogante de Sáenz Peña, Aldo Alurralde, decidió procesar a la cúpula de la Universidad Nacional del Chaco Austral. También dictó un embargo de $100 millones y emitió un pedido al Congreso de la Nación para que intervenga la institución.
La causa se inició a partir de una denuncia de la ex diputada provincial por Cambiemos, Ana María Canata, y una investigación llevada adelante por el fiscal federal chaqueño, Federico Carniel, en conjunto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
La Fiscalía analizó las pruebas recolectadas en la causa que iniciara la diputada provincial Ana María Canata y, en función de ello, concluyó que, desde el año 2010 a junio de 2016, Omar Vicente Judis junto a familiares y amigos habrían ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la UNCAUS destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron, aprovechándose de los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y en relación a la gran cantidad de fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondía.
La Fiscalía y la PIA sostuvieron que con estas maniobras y actos administrativos, disfrazados bajo la apariencia de legales, se habilitó una estructura jerárquica administrativa y financiera en la UNCAUS a través de la cual se procuraron los beneficios detallados en el pedido de indagatoria. Asimismo, consideraron que para la consumación de los hechos fue necesaria la participación de todos y cada uno de los imputados, sin descartar la posible participación de otras personas en función de sus roles y funciones en la Universidad.
"Se llevó adelante una administración con decisiones arbitrarias e ilegítimas lejos de todo control y auditoría, en total y deliberado incumplimiento de las leyes nacionales, resoluciones ministeriales y normas propias de la Universidad Nacional de Chaco Austral", la conclusión a la que arribó la Justicia Federal.
La maniobra detectada: "Las empresas cuyos titulares mantienen una relación de amistad con las autoridades de la Universidad fueron favorecidas mediante licitaciones, contrataciones irregulares, actos administrativos y otras maniobras de disposición que desviaron fondos provenientes del Tesoro Nacional".
Ahora, con la investigación avanzada y las últimas resoluciones, y atento a que los procesados aún se encuentran al mando de la gestión de la Uncaus, el magistrado federal decidió comunicar sobre la resolución al Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación y al Ministerio de Educación de la Nación para que evalúen las medidas a adoptar en orden a las leyes 24.156 y 24.521.
La medida judicial también alcanza al empresario titular de la empresa Tridelta SRL, Juan Carlos Tymkiw, por los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública” (en 5 hechos), y por “cohecho activo” (en 2 hechos), todos en concurso real.
La resolución de Alurralde, con fecha del jueves 15, indica que se procesó “sin prisión preventiva” al rector de la Uncaus, Omar Judis, por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” (en 17 hechos); abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada (en 6 hechos), peculado (en 59 hechos) y cohecho (en 3 hechos), todos en concurso real.
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